RELLA RÍOS, A., Derecho procesal penal canónico, Murcia 2022, pp. 248.
Juan Damián Gandía Barber
D. Antonio Rella Ríos ha dedicado parte de su vida al servicio del derecho canónico, no solo como docente, sino también como abogado en diversas causas matrimoniales y penales. En la introducción dice que en ese trabajo se dio cuenta del poco conocimiento reinante acerca de la especificidad del proceso penal y de la prácticamente nula literatura al respecto. Y es así como viene a publicar este manual de derecho procesal penal canónico, que forma parte de la colección “Derecho Canónico” de la Editorial Laborum.
Este manual deja manifiesto la intención del Autor de mostrar más los aspectos prácticos del derecho procesal. Destaca al final de algunos capítulos los modelos de actos procedimentales en los que, a modo de ejemplo, ilustra todos los elementos que deben contener para que sea conforme a las exigencias de las normas canónicas. Ahora bien, la vocación práctica de este libro no implica la falta de rigor académico doctrinal. Todo lo contrario: el autor logra una muy buena síntesis entre la doctrina y la praxis, al mismo tiempo que presenta un planteamiento científico jurídico sólido.
El autor distribuye el contenido en áreas bien definidas. Dedica el capítulo 1 a la razón de ser de todo proceso penal: verificar la comisión de un delito. En varias páginas, el Autor presenta una síntesis de la teoría del delito canónico, tocando todos los elementos que lo conforman y cómo todos ellos deben tenerse presente a lo largo de las etapas del proceso penal.
En primer término, desarrolla todos los temas alrededor de la Investigación previa en el orden lógico jurídico. El capítulo 2, dedicado a la notitia críminis o de delicto, comienza con la identificación de los sujetos responsables de iniciar la investigación según los diferentes supuestos de autores de delitos. A continuación, detalla los diferentes orígenes de la noticia de delito y culmina con una reflexión jurídica sobre las denuncias anónimas. El capítulo 3 lo dedica a establecer los indicadores de una cualidad necesaria de la noticia de delito para poder dar inicio a la investigación previa: la verosimilitud. Termina ese capítulo con las diferentes respuestas que puede dar el Ordinario después de evaluar la verosimilitud de la noticia.
El capítulo cuarto lo dedica a la naturaleza de la investigación previa. El autor muestra en este capítulo la vocación teórico-práctica del manual: después de describir la finalidad y el responsable de la investigación, da cuenta detallada del personal que puede participar de manera auxiliar. Mención especial para la descripción cuidadosa de los elementos de conocimiento que pueden formar parte de la investigación previa. Rella muestra destreza y dominio particular sobre el tema al ofrecer unos criterios para orientar la recolección de elementos de convicción: la licitud, la autenticidad, la integridad y la utilidad. La parte final de este capítulo la dedica a los aspectos materiales del expediente, desde el decreto inicial de investigación previa hasta los elementos constitutivos del voto final del investigador y el decreto de conclusión de la investigación previa.
El capítulo 5 está dedicado a la decisión que debe tomar el Ordinario una vez recibido el expediente de la investigación previa. El autor expone las opciones que presenta el derecho al Ordinario al término de una investigación previa: la decisión de hacer un proceso y la decisión de no hacer un proceso porque no se encuentran elementos del delito (envío a archivo) o porque puede aplicarse otro tipo de medidas para conseguir los fines de la pena (remedios penales o medidas administrativas). Termina este capítulo con dos elementos interesantes. El primero: en caso de que la noticia del delito sea una demanda, el Ordinario puede decidir sobre el resarcimiento de daños mediante arbitraje. El segundo: no siempre el Ordinario debe tomar una decisión porque no es competente. Es el caso de los delicta graviora cuya reserva material constituye como único órgano competente al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Este capítulo incluye una selección de casos en los que la Santa Sede ha tomado la decisión de aplicar unas medidas alternativas a la pena, que ilustran perfectamente la exposición que hace el autor en el capítulo.
Antes de pasar al estudio de los procesos penales canónico, Rella dedica un capítulo a la descripción genérica del derecho a la defensa, como un elemento necesario de cualquier proceso. Es de resaltar el adjetivo ‘genérica’ puesto que no entra en particularidades. Posiblemente el autor considere enriquecer este capítulo en alguna futura edición de este libro.
Los tres capítulos siguientes están dedicados al proceso administrativo penal: la parte estática (capítulo 7), la parte dinámica (capítulo 8) y la impugnación del decreto penal (capítulo 9).
El estudio de la parte estática del proceso administrativo penal inicia con el origen de este instituto jurídico y su naturaleza, esto es, un instrumento jurídico en manos del Ordinario para procurar la protección de los bienes públicos: “La intervención sancionadora penal tiene su fundamento en la protección de los bienes de la Iglesia y la salvación de las almas en este caso de un fiel concreto que ha delinquido y resulta un instrumento útil de gobierno porque permite actuar con rapidez y simplicidad atendiendo equitativamente a las necesidades espirituales y materiales del reo sin descuidar el interés general” (p. 101). Termina la exposición del capítulo con la enumeración y descripción de los sujetos necesarios del proceso (Ordinario o su delegado, asesores) así como los auxiliares (instructor y notario).
La parte dinámica consiste en un estudio de todos los elementos constitutivos del acto jurídico llamado proceso administrativo penal: la citación legítima, la entrega de la(s) acusación(es) y de las pruebas y la posibilidad del acusado de defenderse. En todos estos aspectos, Rella expone no solo la doctrina sino cita también la jurisprudencia que ilumina con claridad cada uno de esos elementos. En la segunda parte de ese capítulo 8, está orientada a una descripción de la fase de decisión: la ponderación de las pruebas y argumentos por parte del Ordinario junto con los asesores y las decisiones posibles.
El desenlace final de un proceso administrativo penal es un decreto que bien puede declarar la inocencia del acusado (constat de non), o que no se ha llegado a la certeza moral de la culpabilidad (non constat) o que ha sido hallado culpable (constat). “Siempre que un fiel sometido a un proceso administrativo penal haya recibido un decreto que estima le perjudica, puede impugnarlo mediante recurso jerárquico” (p. 149). El modo de impugnarlo se describe con precisión en el capítulo 9, no solo ante el Superior Jerárquico sino ante el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, mediante recurso contencioso administrativo, siempre que la decisión del Dicasterio competente, a juicio del recurrente, no resulta legítimo por violación de la ley en el procedimiento o en la decisión. Estudia igualmente el recurso especial a la Feria IV (o Colegio de Jueces) en los casos de Delicta graviora.
Los cuatro últimos capítulos están dedicados al proceso judicial penal divididos de la siguiente manera: la parte estática del proceso judicial, la parte dinámica, la impugnación de las decisiones judiciales y, finalmente, la cosa juzgada y la ejecución de la sentencia.
El estudio de la parte estática estudia de manera sencilla pero rigurosa las personas y estructuras que intervienen en el proceso judicial penal: el Ordinario, el Tribunal, el Promotor de justicia y el patrono del acusado.
El capítulo 11, sobre la parte dinámica del proceso judicial penal, deja una sensación agridulce. Hace una selección de los temas y deja el resto a la doctrina procesal canónica. Es una elección comprensible pero que en un futuro deberá cambiar para poder presentar un manual completísimo. Este capítulo contiene una serie de reflexiones (notas, las llama el autor) sobre los medios probatorios en este tipo de procesos que merece una mención especial: sin entrar en un estudio detallado deja unas pistas claras sobre la valoración de las actas de la investigación en sede civil, los medios de prueba informáticos y las pericias, que ofrecen una guía clara para considerar la eficacia de estos medios de prueba. Mención especial merece la exposición sobre los indicios y los adminículos y cómo pueden éstos ayudar a alcanzar la certeza moral.
El capítulo 12 está dedicado a la impugnación de la sentencia, entendida ésta como “la serie de actos procesales por medio de la cual actúa la pretensión de obtener la reforma de la decisión judicial que el reo considera perjudicial” (p. 229). Presenta con claridad los diferentes regímenes de apelación: el ordinario y el que rige para los casos de Delicta graviora. En la segunda parte expone la querella de nulidad y su marco jurídico. “Para la reflexión sobre esos medios de impugnación [extraordinarios] (restitución in integrum y la nueva proposición de la causa) remitimos a las obras generales de derecho procesal canónico” (p. 239).
Como toda obra humana, este manual es mejorable, pero, la valoración es altamente positiva al proponer por primera vez una fuente documental que abarque todo lo relativo con los procesos penales. Es completo y tiene abundantes citas no solo de la doctrina sino también de jurisprudencia. Los modelos de actos procesales que deja resultan un apoyo inmenso a los canonistas que se enfrentan por primera vez a este tipo de procesos, dejando una guía segura para actuar de manera correcta en esos momentos “odiosos”.
Finalmente, hay un aspecto que merece ser destacado. La claridad en la exposición del prof. Rella es incontestable. El estilo de redacción sencillo y directo ayuda a que el contenido sea comprensible y asimilable.